Las ayudas del Real Decreto-Ley del Gobierno central: el resumen
El Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, establece medidas urgentes para paliar los efectos de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) ocurrida en diversas zonas de España entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. La gravedad de esta emergencia ha motivado la declaración de estas zonas como «afectadas gravemente por una emergencia de protección civil», lo que permite movilizar recursos y aplicar medidas excepcionales.
Medidas de apoyo económico
Entre las acciones más destacadas, el decreto incluye ayudas directas para cubrir daños personales y materiales. Para las víctimas y sus familiares, se ofrecen indemnizaciones por fallecimiento o incapacidad causada directamente por el temporal, con una cantidad máxima de 72,000 euros. Asimismo, las ayudas para la reparación de viviendas y enseres domésticos esenciales alcanzan hasta 60,480 euros en casos de destrucción total de la vivienda habitual y 10,320 euros para daños en enseres básicos.
Además, se facilita la tramitación de ayudas mediante la flexibilización de requisitos administrativos y la posibilidad de demostrar la titularidad de inmuebles afectados mediante documentos alternativos. Para agilizar las indemnizaciones en casos de fallecimiento, el Consorcio de Compensación de Seguros está autorizado a obtener directamente los certificados de defunción y de seguros de vida, lo que acelera el proceso de compensación para los beneficiarios.
Ayudas a corporaciones locales y restauración de infraestructuras
Las corporaciones locales, responsables de servicios esenciales, también reciben apoyo directo para cubrir el 100 % de los gastos extraordinarios destinados a garantizar la seguridad de las personas y el funcionamiento de los servicios públicos básicos. Estas subvenciones cubren, por ejemplo, la evacuación de personas, el alojamiento temporal, la limpieza de calles y la retirada de escombros, que resultan esenciales para restaurar la normalidad en las zonas afectadas.
Por otro lado, el decreto concede ayuda a los municipios para la reparación y reconstrucción de infraestructuras de titularidad pública, incluyendo carreteras, redes de suministro de agua y otros elementos esenciales. Las actuaciones se enfocan en restablecer la funcionalidad de los servicios públicos dañados y minimizar el impacto a largo plazo de este desastre en la economía local.
Exenciones fiscales y facilidades en el pago de impuestos
El decreto establece una serie de beneficios fiscales para los afectados, comenzando por exenciones y reducciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) de 2024 para inmuebles y negocios dañados por la DANA. Los contribuyentes que ya hayan pagado estas tasas pueden solicitar la devolución de los importes correspondientes. También se exime del pago de tasas por la obtención de duplicados de permisos de circulación o de conducción destruidos o extraviados.
Asimismo, se aprueban medidas de flexibilidad para el cumplimiento de obligaciones tributarias, incluyendo aplazamientos y fraccionamientos en el pago de deudas tributarias y la suspensión de procedimientos administrativos tributarios mientras los afectados se recuperan de la catástrofe. En el caso de las actividades agrarias, se introducen reducciones en los índices de rendimiento neto para el cálculo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Apoyo financiero a empresas y autónomos
Para facilitar la recuperación económica, el decreto habilita ayudas directas a autónomos y empresas afectadas por la DANA. Las empresas pueden recibir ayudas de hasta 150,000 euros, dependiendo de su volumen de operaciones en el ejercicio 2023, mientras que los autónomos pueden acceder a una ayuda única de 5,000 euros. Estas ayudas estarán exentas de impuestos y se solicitarán a través de un formulario habilitado en la Agencia Tributaria.
Además, se incluye una moratoria en el pago de préstamos hipotecarios y créditos sin garantía hipotecaria para personas físicas, autónomos y pequeñas empresas con propiedades afectadas. Esta medida busca aliviar la carga financiera de los afectados y permitirles centrar sus esfuerzos en la recuperación de sus negocios y hogares.
Medidas de apoyo en materia de Seguridad Social
El decreto también incluye exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para empresas y trabajadores cuyas actividades se hayan visto afectadas por la DANA. Las empresas pueden solicitar la exención de cotización para empleados incluidos en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) motivados por el desastre, y tanto empresas como trabajadores autónomos pueden aplazar el pago de cuotas a la Seguridad Social. En casos de incapacidad temporal por causas relacionadas con la DANA, el tiempo de baja laboral será considerado como accidente de trabajo.
Protección de derechos de los consumidores
Consciente de la vulnerabilidad de los consumidores afectados, el decreto contempla la suspensión de los plazos para el ejercicio de derechos de desistimiento o devolución de bienes adquiridos antes de la DANA. Las personas evacuadas o que hayan sufrido pérdidas de bienes también podrán cancelar sin penalización sus contratos de transporte y recibir reembolsos completos en caso de viajes no realizados. Para contratos de servicios continuos, como electricidad o agua, los consumidores podrán suspender el pago de cuotas hasta que se restablezca el servicio.
Actuaciones en el ámbito judicial y administrativo
El decreto establece la suspensión de plazos procesales para los afectados, permitiendo así que puedan hacer frente a sus obligaciones legales una vez restablecida la normalidad. También se agilizan los procedimientos administrativos para las ayudas y subvenciones, y se reduce la carga burocrática al eliminar algunos requisitos para los municipios en cuanto a la presentación de documentos y certificaciones.
Coordinación interministerial y apoyo logístico
El decreto incluye la creación de un Mecanismo Nacional de Respuesta y Reconstrucción frente a la DANA, gestionado por el grupo TRAGSA, para coordinar las acciones de recuperación y apoyo a nivel territorial. Este organismo supervisará la implementación de las ayudas, asegurará la colaboración entre administraciones y actuará como enlace entre los municipios afectados y las instituciones nacionales e internacionales.
